De 128 medicamentos a apenas 6. El ajuste de Milei también llega a los centros de salud y amenaza con dejar sin cobertura gratuita a miles de argentinos que dependen del sistema público. Santa Fe no queda al margen.
El gobierno de Javier Milei decidió reducir drásticamente el alcance del programa Remediar, una política sanitaria creada en 2002 para garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales en los centros de atención primaria de todo el país. Mediante la resolución 1447/26, la Nación reconvierte el programa en el Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030 y reduce de 128 a apenas 6 los medicamentos que distribuirá.
No se trata de un ajuste administrativo más. Se trata de una decisión que puede golpear directamente a quienes menos tienen: jubilados, familias trabajadoras, personas con enfermedades crónicas y pacientes que encuentran en los centros de salud barriales la única posibilidad de acceder a los tratamientos que necesitan.
La lista de medicamentos que quedarían afuera incluye levotiroxina, metformina, anticonceptivos, amoxicilina, salbutamol, fluconazol y loratadina, entre otros. Son fármacos utilizados para tratar afecciones de la tiroides, diabetes, infecciones, problemas respiratorios y distintas necesidades de salud sexual y reproductiva. No hablamos de medicamentos extraordinarios ni de tratamientos de alta complejidad, sino de recursos básicos para cuidar la salud cotidiana.
El ajuste también se mide en salud
Desde el Gobierno nacional se argumenta que la nueva estrategia estará concentrada en las enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte en la Argentina. Sin embargo, priorizar un área sanitaria no debería significar desproteger otras necesidades esenciales de la población.
El problema es qué sucede con el paciente diabético que ya no encuentra su medicación en el centro de salud, con el chico que necesita un tratamiento respiratorio o con la persona que debe comprar un medicamento y no tiene dinero para hacerlo. Para esos argentinos, la reducción de la cobertura no es una cifra en un informe: puede convertirse en una receta imposible de pagar, un tratamiento interrumpido o una enfermedad que se agrava.
El concejal rosarino y exsecretario de Salud, Leonardo Caruana, cuestionó la medida y advirtió sobre un debilitamiento sostenido de los programas sanitarios nacionales desde febrero de 2024. Según señaló, la atención primaria, con profesionales, equipamiento y medicamentos esenciales, tiene capacidad para resolver hasta el 85% de los problemas de salud de los barrios.
Desfinanciar esa estructura significa, además, trasladar responsabilidades y costos a provincias y municipios que deberán afrontar una demanda mayor, en un contexto económico que ya golpea los presupuestos públicos y los bolsillos de las familias.
Santa Fe también pagará las consecuencias
La provincia de Santa Fe y sus gobiernos locales no pueden permanecer ajenos a esta decisión. Cuando la Nación reduce la provisión de medicamentos, la necesidad de los pacientes no desaparece: se traslada a los hospitales, a los dispensarios municipales y, finalmente, a las familias que deben resolver por su cuenta lo que antes recibían gratuitamente.
La consecuencia es una desigualdad cada vez más profunda entre quienes pueden comprar sus remedios y quienes dependen exclusivamente del sistema público. La enfermedad no espera a que mejore la economía, ni distingue entre quienes pueden pagar una receta y quienes deben elegir qué necesidad postergar.
Remediar nació precisamente para reducir esas desigualdades y garantizar una base de acceso a medicamentos esenciales en todo el territorio nacional. Su debilitamiento representa un retroceso para una política que durante más de dos décadas formó parte de la atención primaria de la salud.
La crueldad de ajustar sobre lo indispensable
El Gobierno nacional presenta el ajuste como una herramienta para ordenar las cuentas públicas. Pero cuando el recorte alcanza medicamentos esenciales, la pregunta es inevitable: ¿qué lugar ocupa la salud de la población en ese supuesto ordenamiento?
La eficiencia del Estado no puede medirse únicamente por cuánto deja de gastar, sino también por los derechos que garantiza y por las consecuencias de sus decisiones. Ahorrar recursos a costa de pacientes que no pueden pagar sus tratamientos puede reducir una partida presupuestaria, pero agrava un problema social y sanitario mucho más profundo.
De 128 medicamentos a 6: esa es la dimensión del recorte anunciado para Remediar. Detrás de esos números hay tratamientos, familias y vidas concretas. Y mientras la Nación reduce su presencia, los barrios deberán enfrentar las consecuencias.
Porque el derecho a la salud no debería depender del tamaño de una billetera. Y un Estado que se retira de la provisión de medicamentos esenciales no elimina la necesidad: deja a los más vulnerables cada vez más solos frente a ella.
